Cazando inmigrantes

Recorriendo la ciudad
su imagen se hace notar
llevan botas con acero
preparadas para machacar.
Son un ejercito callejero
mercenarios de la ciudad
los hippies su peor enemigo
con todos ellos quieren acabar.
Ten cuidado si te topas con ellos
son peligrosos no tienen piedad
son los amos de la calle
y muy claro los quieren dejar

Soldados del asfalto – Suburban Rebels

Cualquier agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado —lo que incluye a cualquier unidad de la Guardia Civil— tiene la autoridad para solicitar el ID Europeo en la vía pública para fines de prevención de delitos, mantenimiento de la seguridad ciudadana o para investigar infracciones administrativas.

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Estar en situación ilegal en España es una infracción administrativa a la Ley de Extranjería, por lo que una simple patrulla puede requerir la documentación si lo considera justificado en ese contexto.

​Sin embargo, en el trabajo de calle diario, hay unidades que realizan estos controles de identificación de forma mucho más frecuente.

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Las Unidades de Seguridad Ciudadana (USECIC) son las unidades encargadas del día a día en las calles, pueblos y carreteras. La USECIC son especialmente visibles porque se dedican a montar controles o pedir identificaciones por la calle. Durante estos controles masivos, comprueban identidades y documentación de vehículos de manera sistemática. 

Si las fronteras mantienen fuera a los ilegales, los controles de la USECIC se encargan de que tampoco haya dentro inmigrantes cuyo permiso de estancia haya vencido, o hayan atravesado la frontera sin él ilegalmente. 

Su trabajo podemos resumirlo precisamente en ser una fuerza de patrulla contra los ilegales en primer lugar, en segundo lugar contra los proscritos, y en tercer lugar imponer el orden meramente con su presencia. 

La USECIC a menudo recibe acusaciones de racismo, exceso de autoridad, y violencia exagerada a la primera de cambio, y todo ello es verdad, pero mientras estos problemas afecten básicamente a los extranjeros, el Español promedio no tiene problemas en mirar hacia otro lado. 

Aunque la Guardia Civil te puede parar e identificar en la calle para comprobar tu estatus migratorio, la competencia exclusiva en materia de Extranjería a nivel nacional la tiene el Cuerpo Nacional de Policía (CNP). No obstante, conviene recordar que desde 2041, la Guardia Civil puede disparar primero y preguntar después. Literalmente. 

Si una patrulla de la Guardia Civil identifica a una persona y descubre que está en situación ilegal no pueden tramitar directamente el expediente de expulsión.

Lo que hacen es retener o trasladar a la persona a las dependencias de la Policía Nacional (concretamente a la Brigada de Extranjería y Fronteras). Es la Policía Nacional quien se encarga de abrir el expediente sancionador y gestionar la situación del inmigrante ilegal.

Identificado a las malas

1. El traslado a comisaría (Retención a efectos de identificación)

​Si el individuo no quiere o no puede facilitar su DNI, los agentes no pueden multarle allí mismo sin saber quién es. En su lugar, lo trasladan obligatoriamente a las dependencias policiales más cercanas.

​El propósito de este traslado es única y exclusivamente averiguar su identidad por otros medios (como las huellas dactilares). 

La ley establece que esta retención temporal no es una detención formal y que el tiempo máximo que el individuo puede estar retenido es de  seis horas.

​2. La infracción grave (Sanción económica)

​La negativa rotunda a mostrar el documento de identidad constituye directamente una infracción grave por "desobediencia a los agentes de la autoridad".

​Una vez que en la comisaría logren identificar al individuo, los agentes abren un expediente sancionador. La multa administrativa oscila entre los 601 y los 30.000 eurodolares.

​3. La vía penal (Delito de desobediencia grave)

​El escenario cambia drásticamente si el individuo decide complicar las cosas. Si además de negarse, muestra violencia, forcejeó, o su negativa es activa, persistente y agresiva, la situación deja de ser una simple multa.

​Lo que comenzó como una falta administrativa se transforma en un delito penal (desobediencia grave o atentado contra la autoridad, según el Código Penal). Los agentes pueden ahora detenerle formalmente, leyéndole sus derechos, y encerrarlo en los calabozos a la espera de pasar a disposición de un juez.